Leandro Rodrigo Deyuanini, Adrian Rocha, Enio Cesar Nascimento
Joelsa Alexandra, Federico Dellacolleta.
Facultad de Ciencia política, Universidad Abierta Interamericana.
Resumen
La
conservación de la naturaleza y de sus recursos para las presentes y futuras
generaciones
debe basarse, en primera instancia, en el conocimiento de los procesos
ecológicos
que la rigen, así como también en la evolución de su relación con otros
factores,
entre los que se incluyen los sociales, económicos y culturales.
Hoy,
la radiografía sobre la situación ambiental de la Argentina es presentada en un
contexto
muy especial. Tras la crisis económica y social más
profunda que podamos
recordar,
nuestro país intenta recuperarse económicamente, pero se advierte la
necesidad
urgente de reconstruir su tejido social. Lamentablemente, la regla imperante
no
es la búsqueda de una visión común, sino la desconfianza y el enfrentamiento.
Si
bien
hay muchos esfuerzos por generar puentes, la mayor parte de la sociedad no los
ha
hecho
suyos, por diversos motivos. Falta un proyecto común de nación. La crisis, por
lo
tanto,
aún no ha terminado. Y la situación ambiental no es ajena a este panorama.
Hay,
por supuesto, algunos indicadores que pueden despertar esperanza. Nuestra
sociedad
evidencia una mayor participación en materia ambiental. Esta activa
participación
implica una mayor toma de conciencia sobre la importancia de lo que está
en
juego cuando hablamos de conservar nuestros recursos naturales. Pero no debemos
olvidar
que toda participación, tarde o temprano, perderá credibilidad si no se sustenta
en
un estricto respeto de la ley por parte de quienes reclaman. No podemos acusar
a un
particular
ni exigir el mejor funcionamiento de un municipio, de una provincia o del
país
si no obedecemos, al mismo tiempo, las leyes y las normas que rigen nuestro
sistema
democrático.
Para
poder comprender las principales problemáticas ambientales de nuestro país en
la
actualidad,
resulta necesario vaticinar los potenciales obstáculos a sus soluciones,
evaluar
la eficacia de las acciones actuales en la materia, analizar posibles problemas
INDICE
1
1 Introducción
2
2
Política Ambiental Nacional integral, transversal y articulada, 6
3
3 Ejes de diagnóstico:
3.1 Cambio Climático: medidas de
adaptación, mitigación, mercado de carbono., 7
3.2 Áreas Protegidas., 9
3.3 Pesca., 10
3.4 Bosques y deforestación., 14
3.5 Ordenamiento territorial., 18
3.6 Minería., 20
3.7 Glaciares., 25
3.8 Comercio Internacional:
Etiquetado ecológico, Huella de Carbono, Huella del, 28
4
4 Otros enfoques de la problemática
ambiental, 30
4.1 Políticas de Salud Ambiental., 30
4.2 Criterios mínimos ambientales e
instrumentos financieros para garantizar la, 31
4.3 Fiscalidad ambiental:
Instrumentos financieros de promoción, incentivo y control, 32
4.4 Instrumentos voluntarios de
gestión y planificación. Responsabilidad Social, 33
4.5 Activos ambientales., 33
5
5 Responsabilidad Social Empresarial, 36
5.1 La Responsabilidad Social de las
Empresas, como paradigma de gestión empresarial., 36
5.2
Responsabilidad Social Empresarial y Trabajo Infantil., 40
6
6. Conclusión, 43
Introducción
La República Argentina está situada en el Cono Sur de
Sudamérica y, con sus 3,7
millones de km2 de superficie, representa el segundo
país más extenso de
Latinoamérica y uno de los diez países más grandes del
mundo.
En tanto, La ubicación latitudinal de la Argentina
entre el Trópico de Capricornio y la
región Antártica le confiere una enorme diversidad
climática y ecorregional. Se
encuentran ambientes de clima tropical húmedo (selvas
subtropicales como las Yungas
y la Selva Paranaense), bosques xerófilos (Chaco y
Espinal), pastizales sometidos a
fuertes variaciones interanuales de las
precipitaciones (Pampa) hasta ambientes de
climas desérticos (Puna, Estepa Patagónica, Monte).
Geomorfológicamente, la Argentina es una gran planicie
bordeada al Oeste y a lo largo
de toda su extensión por la Cordillera de los Andes.
La ubicación de los cordones
montañosos en el noroeste del país en dirección
predominante norte-sur genera
ambientes muy contrastantes entre las laderas este
(selvas subtropicales) y las de
exposición oeste (desierto del Monte).
Desde el punto de vista climático, podemos subdividir
al país en tres grandes regiones
de condiciones de precipitación contrastantes: los
ambientes húmedos como las selvas
subtropicales, el Chaco Húmedo y el Bosque Patagónico
(con más de 1.000 mm de
precipitaciones anuales), que representan alrededor
del 16% del país; los ambientes
xerófilos entre 200 y 700 mm de precipitaciones
anuales (Chaco Seco, Espinal, Pampas,
Monte), que representan un 56% del país y los
ambientes desérticos (Altos Andes,
Puna, Estepa Patagónica), con precipitaciones
inferiores a los 200 mm anuales y fuertes
amplitudes térmicas anuales y diarias, que representan
un 28% del país.
En otras palabras, más del 80% del país está bajo
condiciones climáticas limitantes en
términos de disponibilidad de lluvias y, por ende, con
fuertes limitaciones (o, al menos,
con fuertes incertidumbres) para el desarrollo de la
agricultura de secano. Prácticamente
la mayor parte de la superficie con aptitud agrícola
del país ya se encuentra sometida a
este uso y representa aproximadamente un 15% de la
superficie total del área
continental de la Argentina (50 millones de
hectáreas). Pero esta fotografía va
cambiando, debido no sólo a las nuevas tecnologías
agrícolas, sino también a
fenómenos globales como el cambio climático.
Nuestro país es subdividido actualmente en dieciocho
ecorregiones. De ellas, quince
corresponden al área continental y las otras tres, a las
islas del Atlántico Sur, a la
Antártida Argentina y al Mar Argentino.
Se debe tener en cuenta que el cambio de paradigma
internacional exige un modelo de
desarrollo diferente del que se planteaba hace cinco o
diez años atrás y, por ende,
requiere de políticas de estado transversales
integrales. Los paradigmas ambientales
pueden entenderse como modelos que responden a la
concepción predominante sobre la
cuestión ambiental y que se expresan en la definición
de la política ambiental del
Estado.
La gestión ambiental del Estado, como conjunto de
acciones normativas,
administrativas, y operativas impulsadas para lograr
un desarrollo con sustentabilidad
ambiental6, tiene como funciones diseñar y formular
políticas ambientales, legislación
ambiental, un sistema administrativo y un conjunto de
instrumentos para la acción. Para
su implementación desarrolla tres grandes áreas de
actividades, como las acciones del
Estado, las acciones orientadas hacia la
administración pública y las acciones dirigidas
hacia la sociedad civil; c) acciones que inciden
directamente sobre el entorno.
Tomando en cuenta la dependencia de Argentina de su
patrimonio ambiental y natural -
base del sustento económico y social-, el nivel de
gasto público en ambiente y la gestión
sustentable de los bienes naturales, está por debajo
de los niveles alcanzados por países
vecinos -a estándares comparativos-.
En la administración central se observa una limitada
capacidad de gestión y ejecución
del gasto, y la concentración de las actividades en un
número muy reducido de
iniciativas de inversión. Los niveles limitados de
gasto que asigna cada provincia al
tema ambiente, son muy pobres. Y en los municipios, si
no se toman en cuenta los
costos de recolección y tratamiento de desechos
urbanos, los gastos en protección y
gestión del ambiente son prácticamente nulos.
El presupuesto público nacional para ambiente se
concentra en partidas corrientes de
funcionamiento, limitando así el gasto de capital
inversiones de desarrollo y protección
de la infraestructura ambiental. El sector privado,
salvo excepciones, no ha actuado
voluntariamente para prevenir y revertir sus propios
impactos ambientales, como se
evidencia de la falta de prevención y manejo de los
impactos asociados a la fuerte
expansión de varios sectores industriales en los
últimos años. En la medida en que el
sector privado pretenda incursionar en un mercado
internacional cada vez más alineado
con los principios de calidad ambiental, deberá rever
su actitud.
La sociedad civil, por su parte, dispone de un espacio
todavía menor en la toma de
decisiones de gestión ambiental, si bien se observa un
crecimiento en el nivel de
conciencia y preocupación social por la temática
ambiental.
El mantenimiento de los niveles de crecimiento que
ostenta hoy la Argentina dependerá
en buena parte de la adecuada gestión del capital
natural (bienes naturales, ecosistemas
naturales) así como del capital productivo. El
significativo aumento de los niveles de
actividad económica ha generado una presión importante
sobre los bienes naturales y el
ambiente. Esa presión, sumada a la debilidad
institucional y a restricciones de carácter
presupuestario, hacen que Argentina aparezca sea muy
vulnerable en materia ambiental.
De no tomarse medidas correctivas y de prevención,
esta situación pone en riesgo la
sostenibilidad de su desarrollo en el mediano plazo.
La República Argentina tiene hoy profundos desafíos
que requieren de acciones
correctivas de remediación de los problemas
ambientales existentes o de mitigación de
riesgos en distintas áreas. Se requiere empezar por
una profundización del conocimiento
acerca de la problemática ambiental, para luego pasar
a un análisis de las medidas
estratégicas necesarias para contrarrestarlos.
En tanto, nuestro país necesita reorientar su actual
proceso de desarrollo. Estado y
mercado deben combinarse para lograr reducir al mínimo
posible la diferencia entre el
óptimo de mercado y el óptimo social. El Estado debe
evitar que los sectores de
menores recursos soporten las peores condiciones de
calidad de vida y sean los más
agredidos por la contaminación y las demás
externalidades negativas de un desarrollo
no sostenible.
Las políticas territoriales y ambientales son
instrumentos estratégicos de una política de
estado dirigida a crear una sociedad justa, equitativa
y con igualdad de oportunidades.
El cuidado del ambiente y de los bienes naturales no
funciona eficientemente cuando se
lo aplica como un agregado tardío a decisiones básicas
adoptadas sin haber tenido en
cuenta las consideraciones ecológicas desde un
comienzo. Es imprescindible integrar las
políticas ambientales en la formulación de las
políticas económicas y sociales centrales.
Es menester que se integren los aspectos ambientales
del desarrollo en las decisiones del
Estado y que el ambiente pase a ser una preocupación
sincera de las autoridades
nacionales. Es que la protección y el uso sustentable
de la naturaleza, junto con la
erradicación de la pobreza y la modificación de
modalidades insostenibles de
producción y consumo, constituyen requisitos
esenciales del desarrollo sustentable que
nuestro país debe abordar de manera urgente. No es
posible hoy despilfarrar los recursos
naturales, ya que éstos, cada día más escasos, son
imprescindibles tanto para las
generaciones presentes porque de otro modo se destroza
la base sobre la cual se asienta
la economía- como también para las generaciones
futuras.
La agenda incluye cuestiones vinculadas con la
conservación, recuperación, protección
y uso sustentable de los recursos naturales; el
ordenamiento ambiental del territorio; la
gestión de los recursos hídricos; los residuos comunes
y peligrosos; las cuestiones de
infraestructura y su correspondiente evaluación de
impacto ambiental; la definición de
políticas vinculadas con la información y la
cooperación internacional; la conservación
de la biodiversidad; las relaciones con las
organizaciones vinculadas con los temas
ambientales y el desarrollo sustentable, y la
aplicación de los tratados internacionales.
Son tan relevantes y complejas las tareas que el desafío
no es meramente ambiental,
sino ético. Lo que está en juego precisa de una
sensibilidad con un sentido de mediano o
largo plazo. Si lo que prepondera en adelante continúa
siendo una respuesta coyuntural,
no se habrá comprendido la magnitud del problema.
La forma en que se organiza una administración para
abordar la problemática ambiental
refleja el nivel de atención y prioridad que cada
gestión le otorga. Se requiere una
política ambiental seria, sincera y coherente. Sin
planificación, el deterioro de la calidad
de vida continuará siendo inevitable. Sin
planificación, será imposible afrontar con éxito
los problemas que ya hoy nos azotan.
2 Política Ambiental Nacional integral,
transversal y articulada
Entendemos la Política Ambiental Nacional como aquélla
que posee la capacidad de
crecer económicamente en forma permanente, sin
impactar negativamente a los
ciudadanos ni a las generaciones futuras de
argentinos, considerando los impactos
positivos sobre el ambiente y lo social.
La ausencia de una Política Ambiental Nacional
Argentina queda de manifiesto en la
incapacidad de resolver las problemáticas vigentes de
los pasivos ambientales, tales
como las cuencas, la explotación de la biodiversidad,
la desprotección de los recursos
naturales, la incapacidad de desarrollar políticas de
estado vinculadas con la mitigación
del cambio climático tales como transporte eficiente,
o la ausencia de sistemas de
financiamiento para la transferencia de tecnología y
el uso ineficiente de los recursos
con la consecuente alta trazabilidad de GEIS (Gases de
Efecto Invernadero) en los
productos exportables.
Éstas son algunas de las problemáticas y de los
desafíos más emblemáticos que estamos
viviendo los argentinos. A ello hay que sumarle la
ausencia de una integración con los
estados miembros del Mercosur, la incapacidad de
negociar ante el G20 y por ende en
Kioto. Todas estas cuestiones hacen que la Argentina
carezca de una política nacional
ambiental, integral y transversal, que permita un
desarrollo sostenible y sustentable del
país, y que acompañe de igual manera, el crecimiento
de la región.
Ha llegado el tiempo para que la dimensión ambiental
sea incorporada a la agenda
económica nacional. La tarea de la gestión ambiental
es detectar los principales
problemas ambientales y fijar sus prioridades de
acción. Esas prioridades deben ser
formuladas a través de la planificación y ajustarse a
la estrategia general
de desarrollo nacional.
3
Ejes de diagnóstico:
3.1 Cambio
Climático: medidas de adaptación, mitigación, mercado de carbono.
El cambio climático es uno los grandes problemas
ambientales que deberá enfrentar el
mundo en los años venideros. Ya casi no quedan sitios
en el planeta que de un modo u
otro no sientan los efectos de este fenómeno global,
que no solo afecta a la
biodiversidad y los procesos ecológicos, sino que
también hace que la sociedad humana
se encuentre frente a mayor cantidad de eventos
climáticos extremos, problemas de
seguridad alimentaria, restricciones en el acceso al
agua, etc. Por supuesto que nuestro
país no está exento de estas tendencias.
Afortunadamente, existen caminos para atacar
esta problemática, muchos de ellos desde una
perspectiva global.
Este fenómeno ya comienza a evidenciarse en la
Argentina. El retroceso de los
glaciares, el aumento de los niveles de precipitación
en algunas regiones y el incremento
de las temperaturas medias son sólo algunos ejemplos
de este fenómeno. En
Latinoamérica suscita gran preocupación, además, el
impacto sobre el Amazonas y los
arrecifes de coral.
La contribución argentina al cambio climático se
encuentra por debajo del 1 %, aunque las
emisiones por habitante equivalentes a 6.7 ton/año,
son superiores a las de varios países
desarrollados. El 95% de los gases de invernadero en
la Argentina se originan en las
actividades de la producción industrial, agrícola y
ganadera, en tanto que el 5% restante
proviene de los residuos y desechos.
Según un informe del Banco Mundial sobre
los efectos del cambio climático en la región
La Argentina es altamente sensible al Cambio Climático
porque su economía se funda
fuertemente en la producción primaria y en el
procesamiento de bienes naturales. Las
consecuencias del cambio climático afectarán en el
mediano plazo las condiciones de la
producción primaria argentina (más calor y menos
humedad en la pampa húmeda,
salinización de napas freáticas, disminución del
caudal de los ríos de la Mesopotamia con
impacto en la producción de energía hidroeléctrica,
etc.). Argentina, con un territorio, árido
y semiárido en más del 70% de su extensión, sufrirá
las consecuencias del incremento de
temperatura y la fusión de glaciares y del hielo
continental.
Por ejemplo, la economía de Mendoza y San Juan se basa
en los oasis de los ríos. En el
Comahue, de donde proviene el 15% de la electricidad
producida en el país, ya se está
generando un 30% menos de energía que en la década del
'40. La crisis energética podría
agravarse porque Brasil y Paraguay resultarán más
afectados por el cambio climático, y no
tendrían excedentes de electricidad para vender.
En síntesis, debido al calentamiento global y al
cambio climático en la Argentina han
aumentado, según los expertos, la frecuencia e
intensidad de eventos climáticos
extremos como inundaciones, sequías, tormentas
intensas y tornados. Por otro lado, el
retroceso de los glaciares de la cordillera de los
Andes implica la disminución del
caudal de los ríos que alimentan a las ciudades y
valles de riego en regiones como
Cuyo. Se debe mencionar que el cambio climático fue
considerado
entre los principales
problemas en provincias como Santa Cruz (26%) Tierra
del Fuego (22%), San Juan
(21%), Catamarca (19%) y Mendoza (17%). Los riesgos
del cambio global del clima
requieren el fortalecimiento del sistema de
observaciones meteorológicas tanto para
monitoreo y prevención, como para la planificación y
localización de actividades
Productivas y obras de infraestructura.
Aceptando la innegable existencia del cambio climático
en la actualidad, la Argentina
debe jerarquizar su ordenamiento territorial en base a
sacar provecho a los cambios que
los efectos del calentamiento global puedan provocar.
3.2 Áreas
Protegidas.
En cuanto a la conservación de la biodiversidad, la
Argentina cuenta con unas 360 áreas
protegidas de diferentes categorías que cubren
aproximadamente el 6,8% del territorio
nacional. El objetivo estatal de proteger al menos el
15% del país debe ser
implementado con urgencia. Hay ecorregiones con
valores muy inferiores al promedio
nacional de 6,8%, como los Campos y Malezales, el
Espinal, la Pampa y el Chaco
húmedo. Por otro lado, el 44% de las reservas
declaradas no posee control de terreno
alguno y sólo el 19% del 6,8% general tiene un nivel
de protección mínimo aceptable.
En otras palabras, para alcanzar el objetivo del 15%,
hoy debemos contar tan sólo con el
1.3% de superficie realmente protegida.
La creación de áreas protegidas es uno de los puntos
centrales de una estrategia de
ordenamiento territorial porque ayudan a resguardar de
las actividades humanas sitios
que son destinados a conservar la vida silvestre y los
ecosistemas naturales. Además,
sirven para sostener los procesos naturales en algunas
regiones, como la protección de
cuencas hídricas y la calidad de sus aguas, y la
regulación del clima a escala local, entre
otros.
Resulta importante señalar que, la Argentina ha sido,
a nivel mundial, uno de los países
líderes en el desarrollo de las áreas protegidas, a
partir de la iniciativa del Perito
Moreno, a principios del siglo pasado. A partir de
allí, la creación de lo que hoy es la
Administración de Parques Nacionales, formó el
principal sistema de áreas protegidas
de nuestro país.
Según las metas planteadas en la Convención de
Diversidad Biológica firmada en 1992
por el gobierno argentino y ratificado en 1994 por el
Congreso Nacional mediante Ley
24.375, los países del mundo deberían alcanzar a
proteger al menos un 10% de cada
región natural, y asegurar que la mayor parte de esas
áreas protegidas se encuentren
bien implementadas (con guardaparques, presupuesto,
plan de manejo, etc.) para que
cumplan efectivamente con su función.
La superficie de mar y costas con algún grado de
protección representa el 0,79%
(792.708 hectáreas). Sólo un 7,7% de la superficie
continental de la Argentina se
encuentra protegida. Sin embargo, la situación no es
pareja en todas las regiones del
país. Por ejemplo, los Bosques Andino Patagónicos,
cuentan con un 35% de la
superficie protegida, mientras que las Pampas (1%), el
Chaco húmedo (3,2%) y el Mar
Argentino (0,8%) se encuentran lejos de alcanzar el
10% asumido como compromiso
por la Argentina.
La importancia de la creación y el cuidado de nuevas
áreas protegidas no se limita a las
fronteras terrestres del territorio nacional. Es una
herramienta útil para la política en
función del cuidado de actividades comerciales relacionadas,
por ejemplo, con la
plataforma continental.
3.3 Pesca.
La pesca marítima es una de las principales
actividades económicas de nuestro país.
Puede representar más de 1.000 millones de dólares en
exportaciones, pero también
puede llevar al borde del colapso algunas de sus
principales especies, como la merluza,
la corvina, la pescadilla, la merluza negra, y varias
especies de tiburones y rayas.
Miles de puestos de trabajo a lo largo del extenso
litoral marítimo argentino dependen
de esta actividad. Sin embargo, la sobreexplotación de
los recursos pesqueros,
Principalmente la merluza común, ha puesto en riesgo
al recurso, el equilibrio
ecológico de nuestro mar y el futuro de la actividad.
Las principales amenazas para los stocks pesqueros
son:
• La sobrepesca.
• La captura de juveniles.
• La captura de especies no deseadas (bycatch o
captura incidental), entre
otros.
Pero el problema de fondo de todas estas
problemáticas, es:
• La ausencia de un modelo pesquero sustentable.
• La falta de reglas claras e información transparente
para todos los actores
involucrados (consumidores, empresas, pescadores, ONG,
periodistas, etc).
• Las fallas en los sistemas de administración y
control.
• La falta de transparencia en la toma decisiones.
• La sobrecapitalización de la industria.
El sector debe evolucionar hacia el concepto de pesca
responsable y del manejo
pesquero basado en el ecosistema. Sólo una visión de
largo plazo puede asegurar la
sustentabilidad ecológica, económica y social de la
pesca.
Por ejemplo, la merluza, un recurso vital para la
economía de Mar del Plata, está en
peligro por la sobrepesca. Hace ya décadas, sin
embargo, que sabemos que esto es sólo
un mito: las grandes masas de agua se contaminan, las
especies se acaban. Los stocks de
peces han ido disminuyendo sistemáticamente en todo el
mundo. Empezó en los
caladeros de los países con más fuerte tradición
pesquera, y eventualmente tenía que
llegar a nuestras costas. En 1997, la merluza entró en
crisis.
Se debe tener en cuenta que, en 1995 se firmó un
acuerdo con la Unión Europea, y así
empezaron a llegar buques factoría con bandera
argentina y capitales mixtos para
explotar el mar argentino, que parecía inagotable.
Obviamente, pronto quedó claro que
el esfuerzo pesquero (esto es, la cantidad de barcos
existentes) era desproporcionado en
relación al recurso disponible. En 1996, hubo una
captura fabulosa y exportaciones
nunca vistas: se pescaron entre 700 mil y un millón de
toneladas de merluza. Pero, un
año después, el mar demostró que se estaba pescando
más de lo que se podía, porque la
disminución en la cantidad y el tamaño de los
cardúmenes se hizo evidente. Se
decretaron zonas de veda, que aún persisten.
Disminuyeron las capturas permitidas, se
dieron cuotas, pero la cantidad de merluza (la masa biológica)
no levanta, no se
recupera.
En los últimas dos décadas, el stock de merluza
disminuyó un 80%, cifra que revela la
escala de la depredación. Además, la pesca ya no está
sostenida por ejemplares adultos
sino por jóvenes, muchos de los cuales ni siquiera
llegan a reproducirse una vez.
Del mismo modo que la pesca indiscriminada genera la
desaparición de especies de
manera permanente, la tala no selectiva y el desmonte
pueden provocar la disipación definitiva
de bosques y peligrosos desequilibrios en los ecosistemas locales; como así
también puede suceder con otras problemáticas
ambientales, como por ejemplo la
minería.
En tanto, con respecto al calamar resulta importante
señalar que, los empresarios
pesqueros argentinos que operan más allá de la milla 201,
tras varios años de trabajo
con ONGs, están dispuestos a impulsar un Área de
Manejo Especial en Alta Mar
destinada a que el calamar de la especie Illex pueda
reproducirse correctamente cada
año, de modo de asegurar la explotación sustentable
del último gran recurso que le
queda al mar argentino.
Esta es una propuesta inédita, porque en vez de surgir
de la presión de grupos
ecologistas, es generada por un consenso entre ellas y
las empresas pesqueras, un
consenso que hoy lidera la cámara de productores del
sector involucrado (CAPeCA).
La zona, cada año, se llena de barcos de pesca que
usan luz para atraer al calamar. Es la
única zona de pesca en Alta Mar en el mundo que sigue
operando con acceso libre
indiscriminado. Las capturas de la flota extranjera en
los últimos años has sido
superiores a las de la flota local. (600.000 Ton 2008)
y 140.000 Ton en 2009) sin
respetar vedas o “paradas biológicas”.
El proyecto genera la oportunidad de que la Argentina
se posicione como líder del buen
uso de esas aguas y expanda su influencia y actividad
sobre aguas internacionales en la
región, con el argumento incontrastable de conservar
el océano, al estilo de lo que suele
hacer Chile en el Pacífico. El área ocupa una gran
extensión y su diseño preliminar tiene
en cuenta tanto los aspectos ecológicos como algunos
aspectos políticos que en su
momento fueron indicados por la Cancillería. Pese a
ello, el gobierno de los Kirchner no
ha logrado entender este proyecto, ni los beneficios
que puede aportar al país.
Pretendemos que sea una zona donde, sin inhibir la
pesca ni la exploración petrolera y
de otros recursos, se asegure que estas actividades
ocurran con cuidados especiales,
participando activamente de un nuevo modelo de
desarrollo integrado en alta mar. El
área debe incluir una zona que proteja primordialmente
a las hembras desovantes y al
ecosistema donde desovan.
Si lidera esta iniciativa, la Argentina se puede
convertir en un referente del manejo
responsable de las aguas internacionales adyacentes a
su ZEE.
Se trata de una gran oportunidad, entonces, para un
posicionamiento internacional
argentino positivo e innovador, con características
que pueden ser acordadas con nuestra
Secretaría de Pesca, la Cancillería y todos los
organismos del estado que sea necesario
involucrar de modo de asegurar que el plan forme parte
de una visión estratégica
nacional de desarrollo sostenible en el mediano y
largo plazo.
Como primer paso en esta estrategia, propondremos
desde el gobierno nacional tener
una reunión sobre el tema en Buenos Aires con las
principales empresas y/o cámaras de
pesca de los países que pescan el recurso (España,
China, Corea) y algunas ONGs
ambientales. Esa reunión será convocada y liderada por
la Secretaría de Pesca de la
Nación y/o la Cancillería.
3.4 Bosques
y deforestación.
A fines de 2007, se sancionó la Ley de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos (Ley de Bosques). Esta ley se
convirtió en una herramienta
crucial para reducir la deforestación y ordenar el uso
de las más de 30 millones de
hectáreas de bosques nativos que aún conserva nuestro
país.
Se debe tener en cuenta que los bosques de la
Argentina están en proceso de
degradación. Además de la deforestación, que en la
última década se ha llevado a razón
de 250.000 hectáreas anuales. El uso inadecuado de los
recursos de los bosques nativos
está causando su degradación.
Un bosque degradado es un bosque que pierde su
diversidad biológica, las posibilidades
de sostener actividades económicas (como la extracción
de madera, leña u otros
productos), y las posibilidades de ese ambiente de
proveer servicios ambientales como
la regulación del clima y del agua.
Los bosques juegan un papel fundamental en la
regulación climática, el mantenimiento
de las fuentes y caudales de agua y la conservación de
los suelos. Por ello, las selvas y
bosques son uno de los patrimonios naturales más
importantes, pero también es el más
amenazado y depredado por la mano del hombre.
De los múltiples problemas ambientales que afronta el
país, algunos son de escala
ecoregional, es decir que tienen una magnitud tal que
prácticamente cualquier sector de
la ecoregión puede verse afectado por ellos. Algunas
de estas amenazas que afectan a
las masa boscosas de la Argentina son la deforestación
o transformación de los bosques
y la degradación o explotación forestal insustentable.
En la Argentina, el avance de la actividad
agropecuaria ocasiona una pérdida anual de
unas 250.000 ha. de bosques nativos, principalmente en
la región Chaqueña, en la Selva
Pedemontana de las Yungas y en la Selva Paranaense, a
los que deben sumarse otros
ecosistemas como humedales, pastizales, sabanas y
arbustales.
La Selva Paranaense tiene más del 89% de sus bosques
remanentes en niveles medianos
a elevados de degradación y fragmentación, y sólo posee
menos de 40.000 ha de
bosques prístinos. El sistema de explotación forestal
convencional tiene un efecto
severo sobre la biodiversidad de esta eco-región.
Los ambientes áridos como el Chaco Seco, el Monte, la
Estepa Patagónica y la Puna
presentan una presión extendida y muy intensa de
sobrepastoreo, actividad que,
generalmente, está asociada a los incendios
intencionales que contribuyen aún más al
proceso de degradación. .
Tan sólo en la eco-región del Monte, en la última
década, casi 10.000.000 de ha fueron
afectadas por incendios, lo que representa cerca del
30% de la eco-región. En el Chaco
Húmedo, la superficie quemada de pastizales y sabanas
asciende a un valor entre 2 y
4.000.000 de ha anuales. Estos procesos de degradación
asociados al sobrepastoreo
aumentan inexorablemente la desertificación a escala
eco-regional, como ocurre en la
Estepa Patagónica, y también son observables en
eco-regiones húmedas como las
Yungas y los bosques patagónicos.
En estos últimos, el ganado ha alterado
significativamente la composición florística y la
estructura de los bosques nativos, incluso dentro de
los parques nacionales, y en varios
sitios el ganado ha impedido la recuperación postfuego
Al transformar estos ambientes se pierden funciones
ecológicas irreemplazables como la
circulación de nutrientes, el control de inundaciones,
la regulación del clima local y
global, la protección del suelo, la purificación del
agua y el reciclado de desechos. La
disminución de estos ambientes naturales constituye
además la principal causa de
extinción de especies.
Además de la expansión en superficie, la producción
agropecuaria ha aumentado
considerablemente su productividad por hectárea,
incorporando cada vez más insumos
químicos, biotecnológicos y energía fósil. En la
década del ´90, el consumo de
fertilizantes químicos creció un 463% y el de
agrotóxicos, un 172%, elevando en
consecuencia el riesgo de contaminación del agua y el
suelo.
Estas tendencias nos obligan a observar con atención
de qué manera la Argentina
enfrentará el desafío de proveer de alimentos, fibras,
y últimamente energía
(biocombustibles) a una población mundial que ya
sobrepasa los 6000 millones y que se
duplicará en los próximos 50 años. Esto ocurre en una
situación en la que disponibilidad
de tierra cultivable disminuye por causa de la
desertificación y la urbanización, y el
agua dulce se ha transformado en un bien escaso en
muchas regiones del globo (la
agricultura consume el 70% del agua dulce del
planeta).
En este contexto, la Argentina ha duplicado su producción
de granos incorporando más
de 8,5 millones de ha. en los últimos 15 años. La
expansión de la superficie
agropecuaria es la principal causa de conversión de
áreas naturales.
Pero, el manejo forestal responsable se define en
normas que detallan los
requerimientos ambientales, sociales y económicos que
una operación forestal debe
observar. Para que el sistema resulte apropiado a las
diferentes realidades nacionales, el
FSC demanda que estas normas sean desarrolladas por
organizaciones o individuos
interesados en el manejo forestal de cada país,
siguiendo un proceso transparente,
inclusivo y democrático.
En la actualidad estamos asistiendo a un fenómeno sin
precedentes en relación a la
transformación de nuestros bosques nativos. Esta
situación es particularmente dramática
en el Norte de la República Argentina en procura de
ampliar la superficie agrícola. De
no mediar acciones inmediatas por parte del Estado
Nacional y de las Provincias
involucradas, en pocos años más perderemos
irremediablemente superficies importantes
e irremplazables de nuestro patrimonio natural.
En definitiva, en la actualidad persisten unas 33
millones de ha de bosques y selvas,
pero están siendo transformados a una tasa aproximada
de 250.000 ha anuales,
principalmente en el Chaco Seco (70% del total), Chaco
Húmedo y Selva Pedemontana
de las Yungas.
Algunos sistemas forestales como la “Selva
Pedemontana” de las Yungas o los
“bosques de tres quebrachos” del Chaco seco, están en
una situación verdaderamente
comprometida, por el intenso avance de frontera
agropecuaria (principalmente, para
cultivar soja). El proceso de conversión de
ecosistemas naturales en tierras de cultivo es
estimulado por una multitud de variables
socioeconómicas, políticas, tecnológicas y
hasta climáticas.
La degradación del suelo es un proceso extendido. En
el Chaco seco, el Monte, la
Estepa patagónica y la Puna, el sobrepastoreo es
generalizado y muy intenso, y está
generalmente asociado a incendios intencionales. En la
ecorregión del Monte casi 10
millones de hectáreas fueron afectadas por incendios
en la última década, y en el Chaco
húmedo se queman entre 2 y 4 millones de hectáreas
cada año. Estos procesos de
degradación avanzan inexorablemente hacia la
desertificación a escala ecorregional,
como ocurre actualmente en la Estepa patagónica. Para
enfrentar estos problemas se
requiere desarrollar e incentivar la adopción de
modelos productivos sustentables y
adaptados a las realidades culturales y tecnológicas
de estas regiones.
Por su parte, la expansión urbana es otra actividad
que reclama cada vez más territorio.
En la Pampa ondulada las urbanizaciones ocupan casi el
18% de los suelos más fértiles
del país, lo que a su vez presiona sobre la expansión
agropecuaria en otras áreas. La
tendencia histórica a concentrar flujos de recursos,
población y servicios desde el
interior del país hacia los puertos ha derivado en la
conformación, en un futuro no
lejano, de un conglomerado urbano prácticamente
continuo desde La Plata y Buenos
Aires hasta Rosario.
3.5 Ordenamiento
territorial.
El mundo ha vivido en los últimos 50 años una
transformación muy grande, dada la
capacidad del hombre de modificar o transformar los
ambientes naturales y aprovechar
sus recursos. No obstante, el aumento de la población
mundial, las demandas crecientes
de alimentos y agua, y el desarrollo económico basado
sobre políticas que raramente
consideran la conservación de los bienes y servicios
ambientales han llevado a una
situación actual de crisis global en lo ambiental.
Esto se manifiesta en problemáticas
tales como el cambio climático, la transformación
profunda de los ecosistemas, la
reducción de la capacidad de las áreas naturales
silvestres para proveer bienes y
servicios a la población humana, y la pérdida de
diversidad biológica y especies.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el
hombre consume un 30% más
de lo que el planeta tiene capacidad de reponer y se
estima que –si continúa la actual
tendencia- en el 2050 esa proporción se elevaría hasta
el 50%. En este contexto, es claro
que la manera en que actualmente hacemosuso de los
recursos naturales no es sostenible
y que llevará tarde o temprano a un colapso. En la
actualidad, ya estamos observando
algunas de las consecuencias directas de esta
situación, que sin dudas se agravará en las
Próximas décadas.
En este escenario, la Argentina, al igual que muchos
otros países en desarrollo, tiene
una posición particular. Por un lado, su nivel de
consumo interno está aún muy por
debajo de la capacidad de generación de recursos de
los ambientes naturales. Según el
Living Planet Report 2008 de WWF, la capacidad de
generación de bienes y servicios
ambientales en la Argentina está más del 150% por
encima de la demanda interna de
consumo. Por otro, somos productores de bienes y
servicios (principalmente
commodities), que tienen como destino cubrir la
demanda de otras regiones como
Brasil, China, y la Unión Europea.
La suma de esta demanda interna y externa, genera una
importante presión sobre la
naturaleza que (junto con otros factores como la
debilidad de las políticas públicas y la
ausencia de planificación) causan una degradación
paulatina de los recursos. Esto se
manifiesta a través de diferentes procesos, como la
sobreexplotación de los recursos
forestales y pesqueros, o la expansión de la frontera
agropecuaria sobre ambientes
naturales valiosos, ya sea por su biodiversidad, por
su rol en la provisión de servicios
ambientales.
Por eso, estamos convencidos de que el Ordenamiento
Territorial es una de las formas
en las que se puede frenar, ordenar y/o revertir los
procesos vigentes de conversión o
pérdida de grandes superficies de ambientes naturales
(principalmente, bosques, sabanas
y pastizales del centro-norte de nuestro país) y de
degradación de los mismos por un uso
inadecuado.
3.6 Minería.
El proceso de extracción de minerales metalíferos
denominado a cielo abierto se
diferencia del tradicional que procede ahuecando la
montaña, formando túneles
siguiendo las vetas de metal subterráneas de gran
calidad de explotación. La minería a
cielo abierto por lixiviación consiste en la
extracción de millones de toneladas de tierra
y roca de las montañas, en la molienda y separación de
los metales con soluciones
químicas que utilizan cianuro, zinc, carbono, etc.
pero por sobre todas las cosas,
millones de litros de agua.
Las millones de toneladas de tierra mezcladas con este
preparado químico reposan en lo
que se llama “dique de cola”, para que los metales se
separen de la roca. Luego de la
separación, se forma lo que se conoce “ concentrado” y
es enviada a través de
mineralductos a las refinerías donde es procesada y
obtenido el mineral puro. Agotado
el recurso a extraer, nos encontramos con el pasivo
ambiental: Es decir: el proceso
productivo genera, además del concentrado vendible,
minerales sin valor económico
que son depositados en forma de barro en los diques de
cola. Este pasivo ambiental
contaminante perdura en la región una vez finalizada
la explotación.
La minería a cielo abierto por lixiviación es una
técnica que existe hace más de 20 años
y es la única que permite la extracción rentable de
metales con concentraciones de, por
ejemplo, menos de 1 Gr. de oro por tonelada de tierra.
Por lo tanto, la molienda de las
montañas es tal que generan esos típicos huecos en
forma de espiral a los que estamos
acostumbrados a ver. Este técnica extractiva es muy
costosa por lo que por lo general
sólo es posible que la emprendan grandes empresas o
consorcios transnacionales.
La minería, es una actividad de alto impacto
ambiental, y como tal, debe ser practicada
de una manera sustentable, realizando las evaluaciones
de impacto ambiental
pertinentes para analizar la factibilidad de comienzo
de la actividad, controlando las
autoridades competentes el cumplimiento de los
requerimientos legales; y acordar el
nivel de desarrollo de la actividad en un debate que
involucre a todos los sectores
implicados.
En estas últimas dos décadas se ha producido un
aumento significativo del desarrollo de
la minería metalífera de escala en el país. Esto,
propiciado por factores externos como la
continua expansión internacional de la demanda de
minerales metalíferos y, a nivel
interno, por las políticas y garantías jurídicas
altamente beneficiosas.
Nos referimos a la Ley de Inversiones Mineras que
asegura “amplias” ventajas
tributarias con un marco de estabilidad a 30 años y al
Acuerdo Federal Minero, donde
se estableció que las provincias se comprometen a no
aplicar regalías por encima del 3
% del precio del mineral por valor boca de mina.
Esta situación ha generado la reacción de la población
de varias provincias que
conviven con las áreas de desarrollo minero, quienes
han manifestado en distintas
formas su preocupación o rechazo por los riesgos
ambientales y por la escasa
contribución al desarrollo local de la actividad.
Hoy nos encontramos con un escenario con posiciones
extremas, con situaciones
altamente conflictivas en algunas provincias. Esto ha
llevado a que diversas provincias -
principalmente aquellas que cuentan con otras
actividades económicas sólidamente
arraigadas como es el caso de Mendoza- hayan
desarrollado legislaciones ampliamente
restrictivas con respecto a la actividad.
Como toda actividad económica basada en la extracción
de los recursos naturales, la
minería genera impactos ambientales que deben ser
evaluados adecuadamente, para
minimizarlos, compensarlos o evitarlos. La
responsabilidad de definir qué impactos son
aceptables y cuáles no, es una facultad de las
comunidades que son “propietarias” de
esos recursos, y responsabilidad de las autoridades
que las representan, de
administrarlos adecuadamente.
El procesamiento del mineral extraído tiene una alta
demanda de consumo de agua. La
situación ambiental con respecto a este aspecto
difiere en cada proyecto según la
localización de las fuentes de extracción de agua.
En general, en los emprendimientos analizados no han
sido detectadas situaciones muy
críticas vinculadas al consumo de recursos hídricos
para uso y consumo humano, como
consecuencia del emplazamiento de estos
emprendimientos. Para el caso de Veladero y
Pascua Lama (San Juan), su existencia agravaría el
problema de escasez durante ciclos
extremadamente secos y de baja probabilidad de
ocurrencia, según los informes del
Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la
Universidad Nacional de San Juan.
No obstante, sí se podrían producir algunos impactos
impactos ambientales en los
ecosistemas asociados al río Taguas, que se encuentra
en la Reserva de Biosfera San
Guillermo. Por su parte, el proyecto Pascua Lama
afectará un sector de permafrost -
suelos congelados que sería de baja significación para
la regulación de la cuenca
hidrológica, según señalan los estudios disponibles.
El proyecto Agua Rica (Catamarca, en etapa de
proyecto) extraerá sus aguas para
proceso y transporte de mineral de un acuífero
denominado Campo del Arenal, el cual
también está siendo explotado por el yacimiento Bajo
de la Alumbrera. En este caso se
estaría utilizando un acuífero con muy bajo nivel de
recarga y recuperación. Esto genera
un amplio interrogante ante la ausencia de estudios de
carga asociando la tasa de
extracción conjunta de ambos yacimientos. Al igual que
sucede con el caso anterior
frente a la ocurrencia de ciclos extremadamente secos
podría haber afectación de los
usos para consumo en la localidad de Andalgalá. Por su
parte Cerro Vanguardia (Santa
Cruz), no afecta con sus procesos extractivos a
acuíferos utilizados para consumo de las
comunidades.
Se han detectado algunos impactos locales (ascenso de
napas) debido a la modificación
de la dinámica de sistemas freáticos, pero este
aspecto sería reversible en el mediano
plazo, luego del cese de actividades. Más allá del
volumen de agua requerido por estos
emprendimientos, existen numerosos cuestionamientos
sobre el riesgo de
contaminación de cursos y cuerpos de agua a raíz del
uso de sustancias químicas
peligrosas como el cianuro.
Los principales factores de riesgo de contaminación, a
nuestro criterio, estarían
asociados a la situación y manejo de residuos como
escombreras y diques de colas de
mineral, ya que los mismos pueden generar aportes de
líquidos ácidos con alto
contenido de metales pesados. El uso de sustancias
como el cianuro está siendo
desarrollado de acuerdo con estándares internacionales
y con un adecuado marco de
seguridad que minimizaría la ocurrencia de accidentes
o derrames. Sin embargo,
Veladero y Pascua Lama tienen su base de proceso y
disposición de residuos en
cabeceras de cuencas en alta montaña, las cuales son
sectores de elevada vulnerabilidad
para los recursos hídricos. Estos aspectos se suman a
la enorme escala del proyecto
binacional Argentina-Chile Pascua Lama.
La inversión en técnicas de bio-minería (usando por
ejemplo, bacterias para reemplazar
al cianuro en la extracción de metales) es posible.
Hoy, al menos, un laboratorio del
CONICET (CINDEFI) tiene esa capacidad de desarrollo.
Su dique de colas que posee una capacidad aproximada
de 500 hm3 -a modo de
comparación el embalse Potrerillos en Mendoza, tiene
aproximadamente 400 hm3 - va a
receptar los residuos de tratamiento de mineral
extraído. Si bien los estándares de
calidad y la tecnología utilizada en el proyecto
parecerían adecuados, existen severas
dudas acerca de la seguridad ambiental en el largo o
muy largo plazo (una vez concluida
la etapa de explotación del yacimiento).
Un aspecto no evaluado, es el impacto acumulado de
diferentes proyectos situados
sobre una misma cuenca o región. En este sentido, la
ausencia de un ordenamiento
ambiental del territorio en las áreas de cordillera y
la ausencia de mecanismos de
evaluación de impactos acumulados, resulta una falencia
fundamental.
En la Argentina, la normativa aplicable a la actividad
está regida por el Código de
Minería, que establece que los controles ambientales
mineros sean realizados por la
autoridad de aplicación minera en cada provincia. Si
bien en algunos casos otros
organismos del Estado pueden participar de dictámenes
técnicos y/o comités
consultivos, su opinión no es de carácter vinculante y
la relación entre los organismos
es, en la práctica, escasa.
En este sentido, resulta riesgoso que la misma autoridad
de la que depende la promoción
de la actividad, sea la que debe realizar los
controles ambientales correspondientes.
Esto, sumado a que el acceso a la información es
generalmente dificultoso, genera un
escenario de desconfianza y falta de transparencia,
que a su vez alimenta conflictos y
reacciones a nivel social. Al mismo tiempo, la
información disponible suele ser
fragmentaria y de carácter técnico, poco amigable para
el ciudadano que desea
informarse de modo directo sobre la actividad.
Algunas posibles formas de control para el adecuado
funcionamiento de bosques, minas
y actividades pesqueras, son el correcto y responsable
uso del etiquetado ecológico, las
huellas de carbono y las huellas de agua para el
comercio internacional.
3.7 Glaciares.
Uno de los grandes problemas que ya está afectando a
la población humana a nivel
global, en particular a determinadas regiones áridas,
es la escasez y las limitaciones al
acceso al agua limpia.
Los cambios previstos para las próximas décadas en
cuanto al aumento de la población
mundial, el aumento en el consumo y el aumento de las
dificultades de acceso al agua
dulce, acentuarán esta situación.
A nivel global, sólo el 3% del agua, es agua dulce. El
97% restante, corresponde al agua
de los océanos. De ese 3%, la mayor reserva se
encuentra en aguas subterráneas y en
forma de hielo, en sitios como Antártida, el Ártico y
los llamados en general glaciares
continentales.
En nuestro país, regiones como la Patagonia, Cuyo y el
NOA, se benefician y basan
buena parte de sus actividades económicas en el agua
que proviene de la cordillera de
los Andes. Y en buena medida, de los glaciares. Su
función se torna relevante, para
asegurar la provisión de agua, incluso en los años de
escasas precipitaciones en el sector
cordillerano, cuando el agua proveniente del
derretimiento de glaciares y otras masas de
hielo, cumple una función crítica para la permanencia
de actividades económicas
primarias de la región. Entre ellas, el quehacer
agropecuario y en particular el cultivo de
la vid, de trascendental importancia en la región de
Cuyo. De no existir este reservorio,
o si el mismo fuera alterado en sus condiciones
naturales, seguramente estas regiones
tendrían una historia muy diferente a la que han
transitado en el último siglo.
Por otra parte, el Cambio Climático está afectando
significativamente estas reservas, y
ya se manifiesta como un nuevo condicionante para la
subsistencia y el desarrollo de
diferentes regiones del planeta. Nuestro país no está
exento de sufrir los efectos del
Cambio Climático y las masas de hielo de la Cordillera
de los Andes están hoy
amenazados seriamente.
Los diferentes escenarios previstos para las próximas
décadas, muestran una
disminución de la superficie de glaciares, con lo cual
nuestras reservas de agua dulce, se
verán significativamente afectadas. Los modelos
digitales de elevación muestran que
durante los últimos 30 años, 63 de los principales
glaciares en los campos de hielo en
Patagonia se han derretido y han contribuido en 0,042
mm por año al crecimiento del
nivel del mar. A partir de 1995 el derretimiento se
duplicó, lo que equivale a un
crecimiento del mar de 0.105 mm/año.
En este marco, las fuentes y reservorios de agua dulce
cordilleranos, cobran un valor
estratégico. Y este valor, está relacionado directamente
con los "servicios ambientales"
que prestan a la sociedad. Más allá de la provisión de
agua para consumo humano, del
ganado, y riego de grandes extensiones productivas,
existen importantes
emprendimientos energéticos que dependen de la
provisión de agua de los glaciares y de
otras masas de hielo de la cordillera. En nuestro
país, varias localidades cordilleranas
dependen económicamente de los ingresos que obtienen
del turismo, cuyo principal
motor lo constituyen los ambientes de montaña. De allí,
el interés genuino de algunos
de nuestros legisladores que han tomado un rol activo
en la promoción de una norma de
aplicación federal, para conservarlos de eventuales
futuras amenazas adicionales,
producto de la actividad humana.
A nivel global, sólo el 3% del agua es dulce y la
mayor reserva se encuentra en aguas
subterráneas y en forma de hielo, en sitios como
Antártida, el Ártico y los glaciares
continentales. El 97% restante corresponde al agua de
los océanos.
A su vez, la disminución de la superficie de los
glaciares, producto del cambio
climático, hace inminente su protección. Los modelos
digitales de elevación muestran
que durante los últimos 30 años, 63 de los principales
glaciares en los campos de hielo
en Patagonia se han derretido y han contribuido en
0,042 mm por año al crecimiento del
nivel del mar. A partir de 1995 el derretimiento se
duplicó, lo que equivale a un
crecimiento del mar de 0.105 mm/año.
En este contexto, las masas de hielo de la Cordillera
de los Andes se encuentran
seriamente amenazadas y esta situación pone en riesgo
su valor: los servicios
ambientales-provisión de agua para consumo humano,
actividades productivas
primarias, emprendimientos energéticos, turismo -que
prestan a la sociedad.
En definitiva, es imprescindible la protección
ambiental de los glaciares y del ambiente
periglacial. Asimismo, como ya se estableció el
concepto de presupuesto mínimo
constituye las normas de base, umbral, de piso, mínimo
de regulación. Este tipo de
normas deben interpretarse de manera restrictiva a fin
de impedir la vulneración de las
jurisdicciones locales.
Los proyectos de ley presentados que se tratan ante
todo de leyes de presupuesto
mínimo, y como tales debieran tener un carácter
general, lo que no significa un ineficaz
cuidado de la protección ambiental sino una
interpretación racional.
La debida participación del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), como
organismo específico para la concertación y
elaboración de una política ambiental
coordinada entre los Estados provinciales, juega un
rol fundamental para la
interpretación aludida.
Los proyectos que plantean la protección de los
Glaciares (y del ambiente periglacial) lo
hacen definiendo – principalmente este ultimo concepto
(ambiente periglacial) – de una
forma que debiera contar con las necesarias
especificaciones técnicas, no solo respecto
de lo que se considere como ambiente periglacial, sino
-y mucho mas importanteacerca
de la extensión de la protección respecto de esa
sensible zona. Una ley de
presupuesto mínimo debe estar nutrida de las
herramientas que permitan una acabada
comprensión.
Se pone de resalto que es deber de la Nación, de las
provincias y de toda la sociedad de
velar por el cumplimiento del sistema establecido, y
procurar la información y la
educación ambiental para permita una protección
racional y sobre todo sostenible del
ambiente. Se estima necesario que en este tema se
consideren todas la posiciones con el
fin de lograr el tan ansiado equilibrio que el
desarrollo sustentable supone.
3.8 Comercio
Internacional: Etiquetado ecológico, Huella de Carbono, Huella del
Agua.
Aún cuando las normas que rigen el comercio y las que
promueven la protección del
ambiente se han desarrollado independientemente las
unas de las otras, la interacción
que hay entre ambos conceptos plantea con mayor fuerza
la necesidad de incorporar
este aspecto en la política ambiental nacional.
En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en la materia, impera el
principio de no discriminación, según el cual los
países miembros se encuentran en un
pie de igualdad para favorecer el libre flujo
comercial. El acuerdo general de dicho
organismo internacional establece de manera
restrictiva los casos en los cuales puede
verse alterado este principio de no discriminación. Es
por ello que la utilización de este
tipo de instrumentos de manera injustificada podría
constituir una barrera encubierta al
comercio internacional.
El etiquetado ecológico es un programa de carácter
voluntario e informativo, que
promueve la producción y el consumo de bienes
favorables al ambiente, es decir que
intenta influir en los productores y en los
consumidores para que den preferencia a
materias primas y productos de esas características.
La tendencia creciente a incorporar
información en las etiquetas de manera de orientar al
consumidor en tal sentido.
La huella es un indicador que incluye el consumo
directo e indirecto de un consumidor
o productor y sus implicancias medioambientales.
La huella del agua de un individuo, comunidad o
negocio está definida como el
volumen total de agua que se necesita para producir
los bienes y servicios consumidos
por los mismos.
A través de la huella de carbono se pretende
cuantificar la cantidad de emisiones de
GEIs, medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son
liberadas a la atmósfera
debido a nuestras actividades cotidianas o a la
comercialización de un producto.
La medición de la huella de carbono o la huella del
agua de un producto permite definir
mejores objetivos, políticas de reducción de emisiones
o de consumo más efectivas e
iniciativas de ahorros de costo mejor dirigidas, todo
ello consecuencia de un mejor
conocimiento de los puntos críticos para la reducción
de emisiones o de consumo.
Estas tendencias, adoptadas en varios países, tienen
por propósito, entre otros, ahorrar
energía, reducir la contaminación causada por el
transporte y fomentar la utilización de
tecnologías no contaminantes; es decir, se proponen en
general reducir el impacto
ambiental negativo de determinadas actividades
productivas o servicios.
Algunos países de América Latina y el Caribe ya han
comenzado a tomar conciencia
acerca de la necesidad de incorporar las nuevas
exigencias ambientales a sus
exportaciones. Sin embargo, tal circunstancia supone
no sólo un alto costo monetario
sino también tiempo para la adaptación y la necesidad
primordial de contar con una
política ambiental en este sentido.
El Estado Nacional puede_ como Brasil_ promover el
etiquetado ecológico voluntario,
asegurando de ese modo la inserción de los productores
más responsables en los nuevos
nichos del mercado global.
4
Otros enfoques de la problemática ambiental
4.1 Políticas
de Salud Ambiental.
La OMS define a la salud ambiental como aquella que
“está relacionada con todos los
factores físicos, químicos y biológicos externos de
una persona.”. Englobando de esta
manera “factores ambientales que podrían incidir en la
salud y se basa en la prevención
de las enfermedades y en la creación de ambientes
propicios para la salud.”. Se excluye
de esta definición cualquier comportamiento no
relacionado con el ambiente, así como
cualquier comportamiento relacionado con el entorno
social y económico y con la
genética.
Los peligros medioambientales causan alrededor de un
cuarto de la carga total de
morbilidad en el mundo. Si el ambiente fuera más
saludable, cada año se podrían evitar
hasta 13 millones de muertes.
Según la ONU el 80% de las muertes en los países en
vías de desarrollo derivan del
consumo de agua no potable y de falta de sistemas de
saneamientos. Son más de 6.000
los niños que mueren a diario en el mundo de alguna
enfermedad relacionada con el
consumo de agua no potable y con las malas condiciones
sanitarias.
La salud ambiental implica un abordaje
multidisciplinario ya que el sector salud no
podrá afrontar la problemática por sí mismo. El 28,6%
de la población no dispone de
redes cloacales o acceso al agua corriente, según los
datos que aporta la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), lo que significa que
casi 3 de cada 10 argentinos no
cuenta con agua en condiciones higiénicas adecuadas
para el consumo diario.
Gran parte de la población argentina que vive fuera de
las grandes ciudades o en los
sectores de mayor pobreza consume agua de pozo. En
muchos casos las capas
subterráneas son de mala calidad, poseen deficiencia
de minerales o están contaminadas
con arsénico, flúor e incluso petróleo, lo que acarrea
problemas de salud. En varias
provincias el agua de las napas también tiene
componentes -como los nitratos- que
deben ser tratados antes del consumo.
Aún hoy, los costos del impacto ambiental sobre la
salud no son incorporados. Nuestra
propuesta apunta a hacerlo, de modo de registrar los
costos totales de cada gran obra de
desarrollo.
4.2 Criterios
mínimos ambientales e instrumentos financieros para garantizar la
remediación
de daños ambientales.
Uno de los temas que ha cobrado interés en la última
década dentro del sistema jurídico
ambiental es el establecimiento de acciones para
reparar los daños cometidos en contra
de la naturaleza. Esta acepción tiene dos elementos a
saber: El primero de ellos tiene
relación a los sistema de reparación que han de
establecerse a favor de las personas que
han sido afectadas en sus patrimonios y derechos; y,
el segundo tiene que ver con los
mecanismos de reparación o también llamada restauración
que ha de efectuarse para
resolver el daño material concreto del ambiente.
Es incuestionable que dentro de un daño ambiental se
ven afectados estos dos tipos de
elementos: los naturales y los personales. De tal
forma que la constitución, al constituir
los mecanismos de garantía de los derechos, establece
la reparación en cumplimiento de
los derechos humanos afectados y la restauración en
cumplimiento de los derechos de la
naturaleza. Estas acepciones nos conllevan a analizar
el enfoque diferenciado que
involucra el concepto de reparación por un atentado
contra el ambiente.
Para hablar de reparación de daño ambiental
inevitablemente debemos conocer qué
actos o acciones han sido calificados por el sistema
jurídico nacional como daño
ambiental. La definición sobre daño ambiental se
vuelve relevante para el análisis del
presente trabajo debido a que muchas de las normas
sobre descargas de contaminantes
que se establecen a través de los límites máximos
permisibles, no necesariamente han
implicado en la práctica que se consideren como
contaminantes, mucho menos como
actividades de daño ambiental.
Si bien existen disposiciones sobre responsabilidad
por daño ambientales, estas están
supeditadas en todos los casos a que el agente
operador de la actividad haya
sobrepasado los límites fijados por la normativa
ambiental, de lo contrario no se
considerará un daño, lo cual complica más el ejercicio
de los derechos de reparación
económica y ecológica por el daño ocasionado, pues
para este efecto debe demostrarse
que el daño además de ser cuantioso, ha sobrepasado la
norma ambiental sobre límites
permisibles.
4.3 Fiscalidad
ambiental: Instrumentos financieros de promoción, incentivo y control
de
actividades y acciones. Mercado de carbono e indicadores de Sustentabilidad.
La fiscalidad medioambiental constituye un instrumento
económico de política
ambiental que puede definirse como una utilización del
sistema fiscal como medio para
incentivar el cambio de actitud en los agentes
económicos para reducir el impacto
negativo que determinadas prácticas industriales y
productivas producen en el
ambiente.
Hasta el pasado más reciente, el coste de la
reparación de los daños ambientales ha
corrido a cargo de los poderes públicos y por tanto de
los impuestos de todos los
ciudadanos. La fiscalidad ambiental se basa en el
principio “Contaminador Pagador”.
Este principio se traduce en quien contamine debe
internalizar los costos ambientales.
4.4 Instrumentos
voluntarios de gestión y planificación. Responsabilidad Social
Gubernamental.
La sociedad debe generar las estrategias para prevenir
y minimizar los impactos y
riesgos a los seres humanos y al ambiente,
garantizando la protección ambiental de la
localidad en la que se encuentra ubicada mediante la
optimización en el uso de los
recursos naturales, materias primas y energía,
prevenir y minimizar la contaminación,
los residuos y los impactos ambientales, adoptar
tecnologías limpias y prácticas de
mejoramiento continuo, apoyándose en estructuras como
promoción de la producción
más limpia y promoción de la autogestión y
autorregulación ambiental empresarial.
4.5 Activos
ambientales.
La economía de Argentina se basa aún hoy en la
producción de materias primas. En el
caso de la pampa húmeda los servicios se traducen en
su mayor parte en alimentos, ya
sea como granos, carne, leche y sus derivados. Esto
implica el uso de la tierra y la
extracción de sus componentes en la misma proporción
en la que se produce.
En recientes publicaciones periodísticas se afirma que
en el año 2003 se ha aumentado
un 12% el número de toneladas que se comercializan a
través de las terminales
portuarias del Gran Rosario, lo que equivale a 41
millones de toneladas de granos,
aceites y subproductos (Rosario 12, 2004). Esta cifra,
correspondiente sólo a granos
producidos, da una dimensión aproximada de la cantidad
de nutrientes que se extraen y
exportan por año de los ecosistemas pampeanos. Pero
además para producir esta
síntesis, es fundamental el consumo de agua de esos
sistemas.
La "utilización irracional del ambiente" es
usada como sinónimo de "estilo de
producción y consumo vigente", mientras que la
contradicción se verifica entre
"rentabilidad del capital" y
"utilización racional del ambiente" (Tsa Koumagkos, P)
"El sistema de cuentas públicas del país y de las
provincias necesitan incorporar el costo
ambiental para estimar con precisión los bienes y
servicios producidos. Hasta hoy los
bienes y servicios ambientales (entre ellos, agua y
aire puro, prevención de la erosión de
los suelos, funcionalidad de los ciclos minerales,
polinización, recreación, etc,) no son
imputados como beneficio o costo en la contabilidad
pública" (Viglizzo, et al. 2002).
En este contexto, Argentina continúa siendo en el
siglo XXI un país exportador neto de
materia prima, (o de bienes y servicios). A pesar que
existe una mayor conciencia y un
marco legal pertinente. La constitución reconoce en su
artículo 41 el derecho a gozar de
un ambiente sano y equilibrado. Además establece un
ámbito de jurisdicción (la nación
da las leyes y las provincias las aplican).
De la lectura de la ley Nacional General del Ambiente
25.675 se aprecia la existencia de
una normativa general orientada a la conservación del
capital natural para garantizar
calidad de vida a las actuales y futuras generaciones.
Sin embargo, algunos ejemplos
bastan para poner en evidencia la ausencia de
controles que efectivicen el cumplimiento
de la ley y la existencia de una muy débil
"conciencia ambiental social". Por ejemplo,
cuando no se protegen a las pequeñas explotaciones
agropecuarias, sino que se fomenta
el desarrollo de las megaempresas y la consecuente
concentración en el uso de los
recursos naturales se están afectando aspectos
sociales y ambientales. Las pequeñas y
medianas explotaciones familiares a nivel región
pueden generar más empleo y por lo
tanto, más inclusión social.
La doctrina del desarrollo sustentable se basa en que
el crecimiento económico y el
desarrollo social deben ser realizados en armonía con
la conservación del ambiente y los
recursos naturales. Pero los objetivos económicos se
contraponen con la conservación
de los recursos naturales, y no sólo en sus metas sino
también en los plazos de tiempo
en que se analizan los logros.
El interrogante combina plenamente el orden de lo
económico y lo ambiental con lo
político. El retiro del Estado y la ausencia de
políticas activas en la última década sería
un obstáculo para el diseño de nuevas políticas en el
orden ambiental.
Las políticas implementadas en los años 90 en
Argentina llevaron a la existencia de un
Estado cada vez menos capaz de controlar ambientes
económicos y no económicos,
generando una forma de democracia donde las relaciones
de mercado toman prioridad
sobre todas las otras esferas de la actividad humana.
El Estado nacional aparece
limitado para ejecutar las instrucciones que recibe de
parte de los ciudadanos, se asiste a
una crisis de representación y a una ausencia de
políticas activas.
Argentina reprimarizó su economía, su dinamismo
económico depende principalmente
de las exportaciones de bienes de uso intensivo de
recursos naturales (materias primas,
manufacturas de origen agropecuario y combustibles).
El diseño de políticas que
valoricen este rol en el corto y mediano plazo será de
vital importancia. La acción de
dar valor deberá superar la dimensión económica
tradicional, será fundamental
incorporar lo ético, lo cultural, lo educacional en el
análisis de los bienes y servicios que
el ecosistema brinda, porque de ello no depende sólo
la economía de una sociedad sino
su capacidad de supervivencia.
5
Responsabilidad Social Empresarial
5.1 La
Responsabilidad Social de las Empresas, como paradigma de gestión empresarial.
Supone una metodología o código de funcionamiento
interno de las organizaciones (las
empresas) que tiene por objeto fomentar la asunción
voluntaria y perdurable en el tiempo
de responsabilidades con el mercado, su entorno y la
sociedad en general, más allá de las
generalmente exigidas en el marco legal al que se ven
sujetas en el ejercicio habitual de sus
actividades.
Hace 40 años, en 1970, el Premio Nóbel en Economía
(1976), Milton Friedman, mantenía
que “la única responsabilidad de la empresa a la que
se debe no es otra que la de maximizar
el beneficio con el único límite de la ley y las
costumbres mercantiles”, por lo que la idea
de responsabilidad social de la empresa distaba mucho
del sentido con el que hoy
entendemos el fenómeno de la RSE y el desarrollo
sostenible o, mejor dicho, por cuestión
de matices de diccionario, digamos “sustentable”.
Tuvo que ser con ocasión del informe socio-económico
para la ONU de 1987 titulado Our
Common Future, también conocido como Informe
Brundtland -al ser elaborado por una
comisión encabezada por la doctora Gro Harlem
Brundtland- donde se utilizó por primera
la expresión “desarrollo sostenible” siendo el
detonante de inicio en la carrera hacia la RSE.
La RSE se desenvuelve para su gestión a través de una
normativa de estandarización.
Algunas sencillas de implantar como la metodología
internacionalmente extendida de la
Global Reporting Initiative (GRI) que promueve las
conocidas memorias de sustentabilidad
a través de una guía que permite presentar reportes
con los que poder informar,
principalmente a sus stakeholders. También sencillas
son la SGE 21 de Forética y la
AA1000. Pero todas ellas, incluyendo también a la
reciente ISO 26000, no dejan de ser
unas meras herramientas de autodiagnóstico
fundamentadas a modo de códigos internos de
buenas
intenciones, es decir, auténtica normativa holística. Es el gran debe o
reproche que
cabe hacerse a la ISO 26000, el de su carácter de
norma no certificable, a diferencia de lo
que ocurre con el resto de normas ISO (ejemplos la ISO
9001 de Gestión de la Calidad, o
incluso la ISO 14001 de Gestión Ambiental).
Por otra parte la ISO 26000 es más compleja que las
antes citadas. Su carácter transversal y
el hecho de estar basada en siete áreas tan variadas
como son el gobierno corporativo, los
Derechos Humanos, las prácticas laborales, medio
ambiente, prácticas justas de negocio,
consumidores y desarrollo de la comunidad, dificultan
su aplicación, máxime si además se
pide la integración de programas de responsabilidad en
estos ámbitos en las prácticas
internas del día a día de las empresas.
Con todo ello la RSE no logra quitarse ese barniz de
maquillaje que se le viene achacando
desde diversos frentes. Barniz o enjuague, reprochan,
con el que se adornan las
organizaciones, más propio de planes tácticos
corporativos de comunicación y marketing
orientados a posicionarse en términos de reputación
políticamente correcta y a engrosar con
más capítulos panegíricos las memorias anuales que se
entregan a los accionistas. Ahora
bien, frente a la decepción de la pérdida de
oportunidad que ha devenido con la sentida falta
de certificación de la ISO 26000 tampoco sirve de
consuelo irnos al otro extremo: convertir
la RSE en Obligatoria (RSEO)
Ante este inminente riesgo de exceso regulatorio en el
ámbito de la RSE, cabe plantearse si
no sería más conveniente exigir y garantizar de una
vez por todas, con la seriedad y
responsabilidad debida, el cumplimiento real del
vigente ordenamiento, cuyo cumplimiento
marca el punto de partida de la RSE. Se trata de
exigir el cumplimiento escrupuloso y pleno
de la normativa laboral: La de accesibilidad arquitectónica,
la urbanística, la de eficiencia
en el consumo energético y de demás recursos, la de
transparencia fiscal, financiera y
contable, la de igualdad de género, la de conciliación
de la vida laboral con la personal, la
del respeto medioambiental, etc. ¿Por qué no exigir de
una vez por todas la realización
anual y sistemática de una auditoría sociolaboral a
realizar en todas las empresas? Esto sí
realmente serviría para definir la línea roja o punto
de partida de las prácticas en RSE y, sin
duda contribuiría a poner rumbo acertado con el que
encarar la salida de la crisis. (microsoft., 2010)
5.2 Responsabilidad Social Empresarial y Trabajo
Infantil.
Las empresas están cada vez más preocupadas por la
presencia de trabajo infantil en sus
cadenas de suministro. Lo ven como incompatible con
los valores de una empresa, y como
una amenaza a su imagen y su capacidad para reclutar y
retener los mejores empleados, así
como para la sostenibilidad de su cadena de
suministro.
En gran número de niños que trabajan en las cadenas de
suministro son a menudo una
fuente de preocupación para ellas. Estos niños se
encuentran involucrados en la producción
de cultivos comerciales y de productos manufacturados
destinados a la exportación, así
como en la producción de piezas utilizadas en el
montaje de productos finales, que
generalmente tiene lugar en los países importadores.
Los niños también están involucrados
en las cadenas de suministro del mercado interno.
A pesar de los desafíos a los cuales hace frente la
lucha contra el trabajo infantil en las
cadenas de suministro, a menudo largas y complejas,
las grandes empresas han utilizado el
diálogo social, las normas internacionales del
trabajo, un enfoque colectivo y el
compromiso de abordar la causas del trabajo infantil
para luchar eficazmente contra este
problema. Hace muchos años que el IPEC promueve y
apoya estos esfuerzos. La hoja de
ruta para 2016, destinada a eliminar las peores formas
de trabajo infantil para 2016,
adoptada en la Conferencia mundial sobre el trabajo
infantil, celebrada en La Haya en
mayo de 2010, exige esfuerzos significativos para
luchar contra el trabajo infantil en las
cadenas de suministro, reconociendo el papel esencial
que las empresas deben desempeñar
para alcanzar el objetivo de 2016. ( OIT)
6.
Conclusión
El Desarrollo Sostenible engloba a un nuevo enfoque
ético de la relación entre la sociedad
y el medio ambiente, con un sentido de perdurabilidad
a largo plazo y de responsabilidad de
la generación actual consigo misma y con las
generaciones venideras.
Se hace necesario avanzar a un nuevo Estado
requiriendo restablecer determinadas áreas,
Ampliándolas, democratizándolas, reconociendo la
responsabilidad de los funcionarios y
Empleados. Las instituciones no se vuelven creíbles a
partir del mero cambio de
Autoridades, sino a partir de constatar el ejercicio
efectivo de nuevas actitudes que
desembocan en acciones concretas que mejoran la vida
diaria de las personas, por lo que se
deberá pasar de una
legitimidad de origen a una nueva consolidación de legitimidad de
ejercicio y se
hará posible el diseño del nuevo modelo de Estado que se sustenta, en
los
puntos críticos para lograr una efectiva transformación
de la administración pública y el
correcto uso de los recursos naturales.